Sergio M.L. Tarrero, presidente de Alianza Futurista
Hay una nave enorme levantándose junto a una carretera comarcal. Tiene una subestación eléctrica propia, un contrato de agua y un cartel con el nombre de una empresa que casi nadie del pueblo sabe pronunciar. Dentro habrá ordenadores. Alrededor hay vecinos preguntándose de dónde va a salir esa electricidad y esa agua.
Esa escena se repite en Aragón, en Madrid, en Extremadura, y la inquietud que produce es razonable. Pero creo que la estamos dirigiendo al objeto equivocado.
Empecemos por los números, que son menos dramáticos de lo que sugieren los titulares. Según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos de todo el mundo consumieron unos 415 teravatios hora en 2024: en torno al 1,5% de la electricidad del planeta. La previsión para 2030 es que se dupliquen hasta algo menos del 3%. Y hay un dato que rara vez se cuenta: el crecimiento de los centros de datos representa menos del 10% del aumento de la demanda eléctrica mundial en esta década. Por delante van la industria, la electrificación del transporte y el aire acondicionado.
Globalmente, por tanto, es un problema modesto. Localmente es otra cosa, y ahí sí conviene ser exigente. A diferencia de los coches eléctricos, que se reparten por todas partes, los centros de datos se concentran: un solo campus puede consumir como una ciudad mediana. Red Eléctrica lleva meses avisando de que los puntos de conexión se agotan y de que reforzar la red exige inversiones que nadie ha presupuestado. En un país que va hacia la sequía estructural, el agua de refrigeración compite con la agricultura.
Eso no es una catástrofe planetaria: es un problema político concreto, y por tanto resoluble. El Gobierno tiene sobre la mesa un real decreto que exigiría a estas instalaciones respaldo renovable, límites de consumo de agua y medidas contra la especulación con los permisos de conexión. Discutamos las cifras, los plazos y quién paga la subestación si mañana la empresa se marcha. Pero discutámoslo como lo que es: urbanismo e infraestructura, no el fin del mundo.
Y añado dos razones para no dar por hecho que esto crecerá para siempre.
La primera es que buena parte de este cómputo acabará mudándose a nuestros propios aparatos. Conviene explicar por qué, porque no es evidente.
Hoy, cuando alguien le hace una pregunta a una de estas herramientas, la pregunta viaja hasta los servidores de una empresa, casi siempre estadounidense, y allí se queda. Mucha gente supone que eso funciona como una búsqueda en internet, algo que se evapora. No es así. En 2025, un tribunal federal de Nueva York ordenó a OpenAI conservar las conversaciones de sus usuarios, incluidas las que habían borrado. Después ordenó entregar veinte millones de ellas en un pleito, y en enero de 2026 un juez confirmó la orden razonando que los usuarios habían entregado voluntariamente esos textos y tenían, por tanto, poca privacidad que reclamar sobre ellos. A los afectados no se les avisó.
Lo que uno le cuenta a su abogado está protegido por el secreto profesional. Lo que le cuenta a su médico, también. Lo que escribe en un chat de inteligencia artificial, no: la propia OpenAI pidió que se creara una figura equivalente y el tribunal se la denegó. Si un despacho analiza ahí la estrategia de un caso, si una empresa vuelca su plan industrial, si alguien consulta un problema de salud o un conflicto familiar, todo eso queda como documentación en manos de un tercero. Y la documentación en manos de un tercero se puede reclamar. El cifrado no resuelve el problema, porque nadie está espiando la conexión: lo que ocurre es que existe una empresa a la que se le puede ordenar que entregue el contenido.
Por eso creo que esta mudanza acabará ocurriendo, y no por idealismo. Ocurrirá porque los despachos, las clínicas, las notarías y las ingenierías irán descubriendo que hay material que no pueden poner en un servidor ajeno, y esa demanda creará producto. Y ocurrirá porque la capacidad está llegando: la potencia de cálculo necesaria para alcanzar un nivel dado de inteligencia se viene reduciendo a la mitad cada ocho meses, de modo que lo que hoy exige un edificio cabrá dentro de unos años en el bolsillo. Ya se venden más ordenadores portátiles con capacidad propia de inteligencia artificial que sin ella. En el horizonte hay además chips fotónicos y computación neuromórfica, arquitecturas que prometen hacer los mismos cálculos con una fracción de la energía. No apuesto por ninguna en concreto; señalo que los límites físicos de hoy no son eternos.
La segunda es que el apetito de construir tampoco es infinito. Llega un punto en que más potencia de cálculo compra poca capacidad adicional y, en cambio, añade mucho riesgo.
Y aquí está lo que nadie fotografía desde la carretera.
En septiembre de 2026, los responsables de las principales empresas de inteligencia artificial del mundo —Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, xAI— han pedido públicamente frenar el ritmo al que sus propios sistemas se vuelven más capaces. Lo han pedido ellos, los que ganan dinero con esto. El presidente de Estados Unidos respondió que quien gane la carrera de la inteligencia artificial gana, y que quienes avisan son fuerzas negativas hablando de cosas que no van a pasar. China replicó que el alarmismo occidental estorba la gobernanza global, mientras refuerza su propio control interno.
Resultado: no existe ninguna norma internacional vinculante sobre los sistemas más avanzados. Ninguna. No hay estándares mínimos de seguridad obligatorios, ni auditores independientes con capacidad real de detener un despliegue, ni obligación de notificar incidentes graves.
Comparemos. El centro de datos de la carretera comarcal tiene un contador de agua, una licencia urbanística, un expediente ambiental y un plazo de alegaciones. Se puede medir, fotografiar, regular, recurrir y, si hace falta, parar. La ausencia de reglas globales para la inteligencia artificial de frontera no tiene contador, no se ve y no está acotada por nada.
Tenemos miedo al edificio porque el edificio se ve.
No escribo esto desde la tecnofobia. Llevo más de veinticinco años defendiendo estas tecnologías y creo que pueden darnos un mundo mucho mejor: más salud, más años de vida, más conocimiento. Precisamente por eso no vamos a dejar de usarlas, y fingir lo contrario es perder el tiempo. Desde Alianza Futurista escribimos en julio al secretario general de las Naciones Unidas para pedir un organismo internacional comparable al Organismo Internacional de Energía Atómica, acuerdos vinculantes y notificación obligatoria de incidentes, en el marco de la creación de un Observatorio sobre riesgos existenciales. Y merece la pena saber que España copreside, junto a Costa Rica, el proceso que creó el panel científico de la ONU sobre inteligencia artificial: en esto tenemos una silla ganada que casi nadie conoce, aunque ese panel puede describir el riesgo y no puede detener nada.
Porque el techo a este crecimiento va a llegar igual. La única pregunta es si lo pone un acuerdo o lo pone un accidente.
Y eso, a diferencia del clima o de la geología, no es un destino: es una decisión. Ahí está, me parece, el único motivo sólido para la esperanza.